La movilidad es un derecho ciudadano. Decidir cómo moverse, es una decisión política. Para Lange Valdés, la movilidad urbana, y particularmente aquella desarrollada de manera cotidiana por los habitantes de la ciudad, constituye una problemática de creciente y progresiva relevancia tanto para el funcionamiento del sistema urbano como para el desenvolvimiento de la vida social. Si bien ha sido objeto de reflexión desde tiempos pretéritos, es a partir de la consolidación del paradigma de la ciudad global y de su incesante expansión en redes y flujos que su trascendencia pone en cuestión la conformación misma de “lo urbano”, generando nuevas interrogantes sobre sus tradicionales enfoques de comprensión.
Lo anterior tiene particular importancia para las ciencias sociales, en la medida que éstas se enfrentan al desafío de ampliar su marco de comprensión respecto de sus dimensiones socioculturales que ella conlleva.
Desde esta perspectiva, la movilidad urbana establece tres planteamientos desde las ciencias sociales. El primero busca dar cuenta de la relevancia que ésta posee como objeto de estudio. El segundo se orienta a delinear una perspectiva sociocultural de la misma. Movilidad urbana cotidiana facilita a los habitantes urbanos el permanente tránsito entre distintos ámbitos de interacción social, distintas escalas territoriales y distintos sectores de la ciudad, y con ello evidentemente también distintas realidades socioculturales. Por último, el tercer planteamiento presenta algunas interrogantes que podrían suponer líneas de investigación futuras en torno a su desarrollo (Lange Valdés, 2011).
La movilidad urbana, para el Banco de Desarrollo de América Latina (2018), es un factor determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación. Asimismo, el transporte es parte fundamental de la economía, la calidad de vida, la sociedad y la integración social.
Desde una perspectiva más humanista del transporte, la movilidad urbana se relaciona directamente con la mejora de la calidad de vida del ciudadano y su entorno. Para ello, es necesario reestructurar los paradigmas preponderantes del transporte, que ponen en primer lugar el transporte motorizado y de uso privado y, luego, otras formas de movilidad. Entonces, planear y mejorar la movilidad urbana a la luz del transporte sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una urgencia en las ciudades y, este desarrollo sostenible, está intrínsecamente ligado a los sistemas de transporte y a la movilidad urbana, así como a la propia calidad de vida.
El transporte sostenible puede definirse como “el resultado de un proceso de planificación del sector que considera los impactos en la economía local y nacional, y que promueve el bienestar, el goce de un ambiente sano, la mejora de la calidad de vida y la construcción del tejido social, así como el acceso equitativo a bienes y servicios” (Rodríguez Tornquist y Cruz Moreno, 2016). Además, el transporte sostenible, en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia y buena parte de la Unión Europea, está en el centro del debate político como una condición para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la eficiencia del servicio de transporte.
Para ello, la participación del ciudadano es fundamental, porque es el sujeto activo de la movilidad urbana. Además, el espacio público también debe ser considerado en la planeación de las ciudades para todo tipo de movilidad y, finalmente, el transporte sostenible, que promociona el uso de formas limpias de transporte: peatón, bicicleta y transporte público.
